Nunca a los gobiernos les gusta hablar de aumentos tarifarios. Usan tecnicismos como “ajuste” o “readecuación”. No es más que un juego de palabras. En una coyuntura signada por la incertidumbre sobre el empleo y los ingresos a mediano y largo plazo, las autoridades de las distintas jurisdicciones decidieron “sincerar” algunos precios empujados por sus propios problemas: no tienen más margen presupuestario para seguir subsidiando y manteniendo congeladas algunas variables. Así, desde las próximas semanas, los hogares sufrirán un salto muy significativo de sus gastos que afectará su poder adquisitivo y, por lo tanto, les restará capacidad de consumo.

Los incrementos llegan en un momento en que el panorama de negociación salarial es oscuro. Los gobiernos de todos los niveles ya dejaron en claro que los aumentos a sus empleados este año serán más que moderados porque no tienen “un peso” -como le gusta repetir al intendente Daniel Giacomino- para responder a las demandas de mejoras. En el caso de los privados ya están planteando que la crisis no les deja espacio para negociar subas que superen 15 o 18 por ciento.

El líder de la CGT, Hugo Moyano, ya dijo que se guiará por el “Indec de las amas de casa y de los supermercados” en implícita referencia a la desconfianza sobre los índices de inflación oficiales, casi tres veces por debajo de los cálculos oficiales. Desde el gobierno le respondió Sergio Massa reclamando “racionalidad” en la discusión paritaria.

Para este año los economistas pronosticaban una caída de la inflación por el estancamiento del consumo. De hecho, ya en los últimos meses de 2008 los alimentos y bebidas morigeraron las alzas, una tendencia que continúa. Pero el problema se aceleró por otro lado: tarifas e impuestos.

Artemio López, director de la consultora Equis, señala que el tema “sigue siendo un gran problema” este año porque pega directamente sobre los sectores medios y bajos de la población. Recuerda que los más pobres destinan la mitad de sus ingresos a los rubros básicos, como alimentos.

En este contexto parece difícil que la base y franja media de la pirámide social puedan hacerle caso al pedido de la presidenta Cristina Fernández de no dejar de consumir para así sostener el empleo. En medio de los reclamos por las facturas de luz que en la Capital Federal llegaron con alzas de hasta 400 por ciento, las distribuidoras salieron a ofrecer cuotas. La solución es un absurdo, porque ese esquema puede usarse para un gasto extraordinario, pero no para servicios que mensualmente se irán acumulando.


Hacia arriba

Un repaso por los incrementos que deben enfrentar los cordobeses y que alterarán su poder adquisitivo marca lo siguiente:

Electricidad: hace varios meses el Ersep autorizó a Epec un incremento de tarifas a además de una suba y extensión de los cargos específicos para obras. Avaló un alza automática cuando se produzca una suba de hasta el 20 por ciento en el precio de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista. Las boletas ya vienen con ajustes.

Gas: falta para el invierno, pero hay que prepararse para incrementos de hasta 224 por ciento en las boletas. Arrancarán en nueve por ciento. Hay una resolución en suspenso. Los aumentos son retroactivos al 1º de setiembre y al 1º de noviembre. Ya hay facturas que llegaron con las alzas.

Inmobiliario: ocho de cada 10 frentistas de la ciudad de Córdoba pagarán desde el mes próximo el Inmobiliario municipal con saltos que van entre cuatro y 354 por ciento, dependiendo de la valuación del inmueble. El revalúo también alcanza a comercio e industria. En el impuesto provincial no hay cambios.

Automotor: también en febrero llegará la contribución sobre automotores. A nivel municipal dejó de existir el descuento del 30 por ciento y a eso se suma un revalúo que puede significa una suba de hasta 80 por ciento. En el caso del impuesto provincial comienza a incrementar conforme a la valuación de mercado, una fórmula que no se aplicaba hasta ahora.

Peajes: en días quienes transitan las rutas “turísticas” (5, 20/38, 36, E-55 y E-53) deberán pagar 50 por ciento más (1,50 pesos), mientras que aquellos que andan por las “productivas” (9 Norte, 9 Sur, autopista Ruta 9 y 19) afrontarán 66 por ciento más (3 pesos).

Carnet de conductor: ya están en vigencias las subas aplicadas por la Municipalidad para sacar la licencia de conducir por primera vez y para renovarlas. Son de 300 por ciento para ciclomotores; 233 por ciento para motos y 130 por ciento para autos.

Televisión por cable: a partir de febrero se incrementa 10,2 por ciento. El impacto recaerá sobre más de la mitad del país. La televisión satelital ya subió casi 6 por ciento.

Prepagas: el ajuste todavía está en suspenso, pero el servicio podría subir 5 por ciento el mes próximo e igual porcentaje en abril. Las empresas están negociando con el gobierno nacional después de que en diciembre -por presión oficial- frenaron un ajuste de 10 por ciento que ya habían notificado a los afiliados.

Gastos comunes: por las subas en los servicios, desde los consorcios admiten que desde febrero podría haber alzas de entre 10 y 15 por ciento en los pagos mensuales.

Celulares: el gobierno autorizaría un reajuste de 10 por ciento a las compañías que ofrecen el servicio, aunque éstas pretenden estirarlo hasta 15 por ciento.

Educación privada: aquellos colegios que no reciben subsidio estatal (los menos) anunciaron incrementos de alrededor de 10 por ciento. El transporte escolar se movería igual.