El 20% de la población, unos ocho millones de personas, recibe algún tipo de asistencia económica del Estado Nacional. Este año, en total serán $90.500 millones de transferencias directas en dinero a las personas, como los casos de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el plan Progresar, las pensiones no contributivas, las becas de capacitación por los programas de empleo y el pago a los cooperativistas del programa Argentina Trabaja. Los datos consignados por Clarín pertenecen a Daniel Arroyo, ex viceministro de Desarrollo Social durante la gestión de Néstor Kirchner. Y no incluyen los gastos en especies o subsidios a créditos ni los pagos del sistema previsional a los que se jubilaron a través de las moratorias ni las ayudas de provincias y ni aportes de municipios. Los números marcan que hoy hay: - Cerca de 6 millones de personas bajo atención alimentaria (incluyendo la asistencia a las huertas familiares), - De ese tota, el 30% recibe ayuda en dinero. - Unos 1,5 millones de personas reciben una pensión por invalidez, familia numerosa o por vejez. - Hay 3,4 millones de chicos cuyos padres cobran la Asignación Universal. - Más de 640.000 personas participan de programas de empleo; más de 300.000 están en cooperativas de trabajo. - Hay más de 360.000 jóvenes en el plan Progresar El jueves, la presidenta Cristina Kirchner afirmó que 570.000 alumnos reciben el Progresar y que los cambios anunciados permitirán incluir a casi 700.000 más. “Esto quiere decir –agregó Arroyo– que el eje central hoy de la política social es la transferencia directa de dinero a las personas. Esta política marca una línea de arranque para las familias y promueve el consumo en la economía local pero no ha resuelto los problemas centrales que tienen que ver con la pérdida de empleo, el aumento de las adicciones, la deserción en la escuela secundaria y la masificación del crédito a tasas altísimas, que generan un sobreendeudamiento permanente de los sectores más vulnerables de la sociedad. La inflación sostenida por varios años ha venido a complicar aún más las cosas en la medida en que la transferencia de dinero por planes sociales no compensa el aumento constante de la canasta básica”. Aún así, según indicó el especialista consultado Clarín la situación empeoró en los últimos años. “Hoy tenemos 27% de pobreza, 34% de trabajo informal y 1.500.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan”, precisa Arroyo. Ni qué decir que sin esas “ayudas” los indicadores sociales serían todavía más negativos, pero sirven para ilustrar los límites de la política asistencialista que se expresan, además, en el déficit de viviendas, el hacinamiento en “asentamientos” que se extienden en el Gran Buenos Aires y demás centros urbanos, el estancamiento del empleo, la precariedad laboral y el trabajo informal o “en negro”. También generan un vínculo clientelístico con los funcionarios de turno y es un factor reproductor de la pobreza, del asistencialismo y de la inactividad o de ocupación laboral disfrazada. Según Arroyo, la cantidad de gente asistida y el presupuesto correspondiente vienen en aumento. Una parte de los programas sociales se financian con créditos de organismos internacionales, entre ellos el Banco Mundial.