El Observatorio de Finanzas públicas del CIPPES analizó las cuentas del Gobierno de Córdoba luego de los acuerdos salariales con el gremio de empleados públicos  y señala que la “Provincia continúa asumiendo gastos por encima de lo presupuestado”. El reporte plantea que la “magnitud de los gastos extra junto al exiguo superávit previsto, encienden una luz de alerta sobre la situación financiera” para este año.

De acuerdo a las estimaciones del Cippes la lista de gastos que este año superarán lo presupuestado incluye, entre otros: gasto en personal de las fuerzas de seguridad, gasto en personal por el resto de empleados públicos y servicios de la deuda pública en dólares. En relación al gasto en personal, el primer cambio importante en relación a lo estimado en el presupuesto fue generado por el acuerdo con las fuerzas de seguridad y posteriormente, el 26 de febrero, por las paritarias con el gremio de empleados públicos.

Para el Cippes el acuerdo con el gremio de empleados públicos implicó un incremento salarial del 32% para el escalafón general, en dos tramos: 20% con el sueldo de febrero y 10% en agosto. Este incremento, que incluso parece moderado en relación a la evolución de los precios, tiene un fuerte impacto en el presupuesto, en donde se previó un gasto en personal tan sólo un 15,7% superior al gasto en personal en el año 2013 (se presupuestó $21.045 millones, cuando en 2013 se gastó $18.197,4 millones).

El trabajo plantea que si ésta es la pauta para todos los empleados públicos con excepción de las fuerzas de seguridad, y se tiene en cuenta además el acuerdo que éstas últimas cerraron con la Provincia en diciembre pasado, el gasto en personal para el año 2014 se estima en $26.374,8 millones, un 25,3% superior a lo presupuestado ($21.045 millones) y un 44,9% superior a lo gastado en 2013 ($18.197,4).

El fuerte incremento en el gasto en personal estimado para este año en relación al gasto del 2013 obedece en gran medida al importante incremento otorgado a las fuerzas de seguridad para poner fin al conflicto desatado en diciembre pasado. La magnitud de dicho incremento queda de manifiesto al comparar, por ejemplo, el salario de bolsillo de un agente con la mínima antigüedad, que en octubre de 2013 era de $5.944 y luego del acuerdo se elevó a $10.003, un 68,3%. 

Los $5.329,8 millones extras a lo presupuestado para gasto en personal se componen de $2.757 millones extras que implicaron las paritarias con el gremio de los estatales y $2.572,8 millones extras que se deben al acuerdo con las fuerzas de seguridad.

Además del gasto en personal, otra partida de gasto que superó ampliamente lo presupuestado es el gasto por servicios de la deuda pública en dólares a pagar durante el año 2014, que se estima ascienden a USD 280,2 millones. Considerando el valor actual del dólar futuro a junio próximo, $8,347, y que el presupuesto se elaboró sobre la base de un dólar a $6,33, el gasto en servicios de la deuda en dólares sería un 31,8% superior a lo previsto, lo cual implica un gasto extra de $565,2 millones.

Los gastos extras a lo presupuestado estimados precedentemente totalizan $5.895 millones. Esta cifra representa el 12,9% de los ingresos totales presupuestados para el año y es 6,3 veces el superávit previsto en el Presupuesto 2014 ($943 millones).

Para el Cippes la situación financiera de Córdoba es de “gran  vulnerabilidad” respecto a lo que suceda con la economía nacional: “Aunque se espera que la recaudación efectiva supere a la prevista en el presupuesto, la magnitud en que lo haga dependerá no sólo del nivel de inflación sino también del nivel de actividad de la economía. Ambas variables escapan al control del gobierno provincial”.

En relación al presupuesto de este año la estimación de gastos extra realizada en este trabajo pone de manifiesto la necesidad de actualización del mismo, incluso antes de que fuera aprobado por la Legislatura luego del incremento salarial otorgado a las fuerzas de seguridad. Para la entidad es necesario incrementar el control ciudadano sobre las cuentas provinciales a partir de mejoras institucionales que redunden en mayor transparencia fiscal (cuestión de suma importancia fundamentalmente en relación a la deuda pública provincial) y en un seguimiento más eficiente del presupuesto, como podría lograse a partir de una oficina presupuestaria en la Legislatura.