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El fondo buitre Aurelius, uno de los más duros en la pelea por los títulos en default de la Argentina, presentó ayer una nueva demanda contra el país, en este caso por el cupón de PBI emitido en los canjes de deuda de 2005 y 2010. En una jugada con la que especulaban en el Ministerio de Hacienda desde los tiempos de Alfonso Prat Gay, la firma de Mark Brodsky acudió a la corte federal de distrito de Manhattan en reclamo de u$s83,7 millones por un pago que el gobierno de Cristina Kirchner había evadido por medio de un cambio en la serie de medición del producto en 2014.

El cupón de PBI fue un instrumento ideado por el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, que establecía un pago en dólares para los inversores toda vez que la Argentina creciera por arriba del 3,2%, y que utilizó para negociar la reestructuración de la deuda. A mayor distancia entre la expansión real y ese piso, el monto a gatillar aumentaba, lo cual se tradujo en suculentas sumas si se tiene en cuenta las tasas chinas a las que se movió el producto durante esa época.

De acuerdo a estimaciones de la consultora Econométrica, entre 2006 y 2012 -a excepción del 2009- , este título generó desembolsos por u$s10.100 millones, de los que u$s2.137 millones serían un “sobrepago” por la manipulación de estadísticas que inflaron los números de 2010 y 2011 en un 15%.

A partir de ese año y con el estancamiento de la economía, el cupón dejó de pagarse hasta ahora.

En 2014 el kirchnerismo retocó la serie y el año base pasó de 1993 a 2004. Con esta movida, redujo la estimación de crecimiento del 2013 -que era del 5%- y de un plumazo pasó a ser del 3%, y así se ahorró lo que hubiera correspondido del cupón en un momento en donde los dólares ya comenzaban a escasear.

Prat Gay intentó evitar esta encerrona por medio de una recompra de estos títulos, a los que siempre había criticado por considerarlos muy onerosos para los acreedores que entraron en los canjes. Sin embargo, la operación no se concretó y al final terminó en la nada, a pesar de que había ofrecido efectivo hasta unos u$s5.100 millones.

Ahora Aurelius pretende cobrar más de u$s80 millones porque considera que le corresponde el pago de 2013. Es que para algunos economistas, si se reestima la serie también debe hacerse lo mismo con el “piso” que dispara el desembolso, según reza el prospecto de este instrumento. El fondo buitre basó su argumento en este punto al estimar que por ende el cupón debía pagarse ese año porque el índice base era de 1,263% y por ende, el PBI subió más que esa cifra.

Por el momento, desde el Ministerio de Hacienda declinaron de hacer comentarios respecto a este nuevo caso que se abre contra el país en los tribunales internacionales.

Se trata de un problema mayúsculo que deberán enfrentar los abogados de la Argentina, porque la demanda de Aurelius puede ser un antecedente para una nueva ola de juicios.

Cuando la administración de Cambiemos recalculó los datos del PBI tras el fin de la intervención del Indec, volvió a utilizar la serie iniciada en 2004 y todavía no definió cuál va a ser el año de empalme con la de 1993, que permanece tergiversada para el lapso entre 2007 y 2012.


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