Según publica BAE, el Procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, avaló la posibilidad de adjudicar obras a las empresas cuyos directivos están involucrados en la investigación del pago de coimas al diferenciar a las personas físicas acusadas de las compañías a las que pertenecen, con lo cual dio un nuevo piso de garantía para que avancen los proyectos de infraestructura.
En el dictamen se indica que "aún de acreditarse que los delitos cometidos por las personas humanas procesadas hubieren sido realizados, directa o indirectamente, con intervención o en nombre, interés o beneficio de los oferentes, no resulta aplicabl. la Ley N.° 27.401, que estableció el régimen de Responsabilidad Penal para personas jurídicas.
El Procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, avaló la posibilidad de adjudicar obras a las empresas cuyos directivos están involucrados en la investigación del pago de coimas al diferenciar a las personas físicas acusadas de las compañías a las que pertenecen, con lo cual dio un nuevo piso de garantía para que avancen los proyectos de infraestructura.
En este caso, el dictamen involucra a Aldo Roggio -uno de los empresarios involucrados en el caso de cuadernos- pero por otra investigación, la que lleva adelante el juez Sebastián Casanello por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Casanello tiene a su cargo la causa que investiga contrataciones digitadas para realizar obras para AYSA, por las que procesó a Roggio, a Tito Biagini y al ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner.
“Los procesamientos de los señores Roggio y Bigiani no podrían proyectar sus efectos sobre las personas jurídicas Benito Roggio e Hijos S.A. Y José Cartellone Construcciones Civiles S.A. En el marco de la licitación en curso” por la ampliación de capacidad de un tramo del Río Salado.
“Los hechos investigados son anteriores a la entrada en vigencia de la ley 27.401 y no es de aplicación retroactiva y porque las personas jurídicas que actúan como oferentes no están procesadas”, agregó el Procurador del Tesoro en el dictamen de nueve páginas. Y considera que aunque se comprueben los delitos que cometieron los empresarios en el caso AYSA “no resulta aplicable a las personas jurídicas”.
Concluye que no hay obstáculo para que se adjudique la obra del Río Salado a las dos empresas mencionadas.
La Procuración saldó la discusión que se había planteado a partir de que el área jurídica del Ministerio del Interiory Obras Públicas había señalado que la inhabilidad que prevé la Ley 27.401 para las personas físicas “resulta de aplicación extensiva a las firmas”. Esta conclusión fue planteada a partir del artículo 28 del Régimen de Contratación de la Administración Pública.
