La OCDE destacó las medidas de política económica de los últimos dos años del Gobierno nacional, pero reclamó cambios más profundos para adecuar la normativa argentina a la de los países de esa organismo o, al menos, a los estándares de los países de la región miembros. Un informe reciente del organismo sobre la Argentina advierte que el país necesita poner en marcha la reforma laboral, que incluya prácticas laborales, seguros de desempleo y menor gasto en empleo público, además de una profundización de cambios impositivos como la actualización de valores de propiedades (y una mayor imposición), mayor eficiencia en empresas propiedad del Estado, y hasta revisar el régimen de devolución de impuestos a exportadores, que la OCDE calificó como “distorsiva”.

El “working paper” publicado por el organismo destacó distintos aspectos de la economía argentina tras las distintas reformas llevadas adeltante por el Gobierno nacional desde el cambio de administración. Sin embargo, la OCDE estima que la profundización de las reformas hacia estándares del organismo podría reportar un crecimiento adicional del PBI argentino en 15% para los próximos diez años, y de 8% si al menos convergiera a los niveles de los países latinoamericanos miembros del club (Chile y México, más Colombia que busca ingresar). El organismo aseguró que el país tiene potencial de crecimiento “grande” debido al tamaño de su territorio, recursos naturales y hasta la zona geográfica que ocupa.

Uno de los puntos que la OCDE identifica como principal para que el país implemente reformas es la regulación laboral. El organismo recomendó “ablandar” la regulación y habilitar los trabajos temporarios que sirvan de práctica para jóvenes, aunque advirtió que eso no debería crear un mercado laboral dual en el que un sector tenga protección y estabilidad y el otro esté confinado a cambiar permanentemente de empleo. Según calculó el informe del club de países avanzados, el 75% del gasto laboral del Estado se destina a empleados públicos, y al respecto la OCDE recomienda redireccionar ese gasto a entrenamiento pre laboral y a transferencias monetarias que actúen como seguro de desempleo.

Respecto a los impuestos, la OCDE saludó la reforma impositiva aprobada a fines del año pasado y marcó otros aspectos a reformar. Uno es la conveniencia de “actualizar de forma regular los valores de las propiedades” que, afirma, “será crucial para obtener más ingresos por impuestos a la propiedad. Aumentar los impuestos a la propiedad recurrentes podría ser más fácil de lograr en la coyuntura actual a medida que el mercado hipotecario comienza a desarrollarse”.

Otro cambio que propone el reporte es la eliminación del impuesto a los ingresos brutos, que cobran las provincias. “La integración de este impuesto en el IVA existente convirtiéndolo en un recargo sobre la misma base tributaria reduciría las distorsiones” y sería “políticamente viable”, destacó la OCDE.

El organismo, por otra parte, fue crítico con el régimen de reintegros a exportadores, que es llevado adelante para remediar ciertas distorsiones impositivas. “Sin embargo, estos reembolsos también crean distorsiones propias, ya que son discrecionales, sujetos a negociaciones políticas y favorecen a las empresas detrimento de nuevas empresas”.

La OCDE, por otro lado, afirmó que la “posición privilegiada” de algunas empresas propiedad del Estado en determinados mercados afectan “negativamente” a la competencia, y nombró como caso paradigmático de compañía estatal que demanda subsidios. “En el caso de las empresas estatales que presenten un bajo rendimiento recurrente, el gobierno debería considerar estructuras de propiedad alternativas o revisar los incentivos de gestión”, consideró el informe.