A casi dos meses de haber sido sancionada la Ley Autopartista Nacional, el Gobierno apura su reglamentación para los primeros días de octubre y espera una importante adhesión por parte de las terminales automotrices para avanzar en una mayor integración de piezas locales de vehículos fabricados en el país. El borrador está casi terminado y desde la cartera de Producción harán una última convocatoria al sector privado para sondear el texto final y darle vía libre lo antes posible, anticiparon fuentes oficiales. Según publica el Cronista, a partir de su puesta en vigencia, las empresas podrán adherirse por proyecto. Desde que comienzan a producir el nuevo modelo, y si cuentan con el 30% de integración nacional, podrán empezar a cobrar reintegros de 4% del valor de las partes adquiridas localmente. Ese beneficio se incrementa hasta el 15% en la medida en que la integración nacional sea mayor. Los modelos deben ser únicamente producidos en la Argentina y las compañías deben comprometerse a mantener el plantel de personal. En el caso de utilitarios, el contenido mínimo de piezas locales debe ser del 25% para poder cobrar el bono. La expectativa oficial es que cada una de las terminales se presente con un proyecto de fabricación nacional. Hasta el momento, en las compañías evalúan presentarse con el nuevo Cruze, en el caso de Chevrolet; la Hilux de Toyota; el restailing de la Ford Ranger; la nueva camioneta de Renault, Nissan y Mercedes Benz; y un nuevo modelo de auto de Fiat y de Peugeot. Directivos de la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa) y de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (Afac) visitaron las oficinas del subsecretario de Industria, Fernando Grasso, semanas atrás para llevarle una propuesta de reglamentación. Pero no todas las consideraciones fueron tenidas en cuenta. Varias cuestiones importantes para la actividad deben resolverse a partir de la norma. Por ejemplo, la ley permite considerar como parte de la integración local las partes que fabrica la propia terminal y tomar el "costo industrial" para pedir el beneficio fiscal. La reglamentación debe definir qué se entiende por ello. Por otra parte, la ley puntualiza que las empresas tendrán una mejora de los beneficios cuando logren exportaciones de sus proveedores. Quedó establecido que en esos casos, el porcentaje de integración puede subir 5 puntos y, por lo tanto, la terminal cobraría más reintegro. También en este caso el Gobierno debe definir cómo se mide esa mejora. Desde la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra), Alejandro Pedroza –de la Cámara de Moldes y Matrices– junto al asesor externo Horacio Cepeda (ex jefe de Gabinete de Débora Giorgi) estuvieron visitando a los directivos de las terminales para hacer campaña en favor de la Ley y adjudicarse el conocimiento de la reglamentación. Desde las compañías, mostraron interés en participar, pero todavía tienen la norma bajo análisis. "El gran tema es que todavía producir en Brasil es mucho más barato que hacerlo en la Argentina. Además, el vecino país ya tiene una capacidad instalada importante y la demanda del mercado brasileño es mucho más grande. Acá todavía hay muchos problemas de competitividad", dijeron en una terminal. La norma garantiza a las empresas un período de adecuación de dos años para alcanzar el mínimo de integración del 30%. Mientras tanto, la empresa no cobra el beneficio, pero tiene tiempo para localizar piezas y poder cobrarlo más adelante. Para las que sí cumplen con el requisito de entrada, la Ley contempla un adelanto del 15% destinado al desarrollo de proveedores. La mayoría de los proyectos prevén el inicio de la fabricación entre el año próximo y 2018.