No bien se redactó el fallo que frenó los aumentos de las tarifas de gas a usuarios residenciales, en la Corte Suprema de Justicia supieron que al quedar exentos los grandes consumidores iba a surgir una catarata de amparos. "Llegarán a las distintas instancias en Tribunales y de allí en adelante pueden terminar de nuevo acá", confió una fuente judicial hace ocho días, minutos después de la sentencia. Y ayer se dio el primer paso en ese camino, luego de que la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) presentara una acción de amparo colectivo en la justicia de General San Martín, pidiendo que se declare la nulidad de las resoluciones del Ministerio de Energía y del Ente Nacional de Regulación del Gas, en un intento por llegar al máximo tribunal para que se exprese en línea con el fallo que frenó las subas en los hogares. La presentación de CAME tuvo lugar ante el juzgado federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Nº 1 de San Martín, a cargo del juez Oscar Papavero, "en representación del Comercio, Industria, la Producción y el Turismo Pyme contra el Poder Ejecutivo Nacional". La entidad reclamó que "se declare la nulidad y, en su caso, invalidez constitucional, de las Resoluciones 28/16, 31/16, 99/16 y 129/16 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, y la Resolución 3725/16 y 3843/16 del Enargas que imponen el esquema de incremento del servicio público del gas, y todo aumento dispuesto en los cuadros tarifarios". Asimismo, pidió que "dicha nulidad en consonancia con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia sea extensible a los usuarios comerciales, industriales, de la producción y turismo de todo el país". La entidad que encabeza Osvaldo Cornide, solicitó también que "se ordene a las demandadas (las compañías distribuidoras de gas) abstenerse de requerir el cobro de las facturas correspondientes al cuadro tarifario impugnado" y que "se disponga un nuevo esquema de precios y tarifas para el servicio de suministro de gas, con arreglo a la Constitución y a la legislación vigente, realizando el procedimiento previo de publicidad y consulta pública". CAME reclamó que "se restablezca el sistema tarifario anterior a las normas impugnadas hasta tanto el Estado Nacional fije precios y tarifas con arreglo a las normas constitucionales y legales", en tanto para aquellos que hubieran realizado el pago de las facturas con las tarifas fijadas por las normas impugnadas "se tome el excedente como pago a cuenta o bien se disponga el reintegro". Y pidió además que "se ordene al Estado Nacional que disponga el pertinente procedimiento de audiencia pública que incluya a todos los sectores productivos". El fallo de la Corte de la semana pasada suspendió sólo los aumentos a los usuarios residenciales, que representan el 26% del consumo total del fluido, pero no se expresó respecto a los topes de aumentos del 500% fijados a empresas. Por eso surgió la demanda de CAME. El máximo tribunal, además, planea resolver el 6 de septiembre próximo la discusión por el aumento en las tarifas de luz. No obstante, el caso que analizará la Corte tiene alcance provincial, ya que la sala II de la Cámara Federal de La Plata falló sólo por 90 días y en el ámbito bonaerense. El Gobierno, anticipándose a otro revés, prepara las audiencias por el gas para mediados de septiembre y por la luz para octubre.