Mientras algunas entidades representantes de las pequeñas y medianas empresas evalúan con sus abogados la presentación de amparos judiciales para lograr un freno en las tarifas de gas como lo hicieron los usuarios domiciliarios tras el fallo de la Corte, la UIA informó ayer que evalúa presentar un escrito al tribunal supremo para que tenga en cuenta la situación de la industria, y especialmente de las pymes, a la hora de decidir sobre eventuales cautelares que presenten las empresas. Luego de un encuentro del comité ejecutivo, la entidad que preside Adrián Kaufmann informó que contempla la posibilidad de presentarse como "Amicus Curiae ante la Corte Suprema para aportar toda la información disponible sobre la política energética necesaria para el desarrollo industrial". El Amicus Curiae, que quiere decir "amigo del tribunal", es una expresión latina utilizada para referirse a presentaciones realizadas por terceros ajenos a un litigio, que ofrecen voluntariamente su opinión frente a algún punto de derecho para colaborar con el tribunal en la resolución del tema. Miembros del Departamento de Legales de la entidad confirmaron que la UIA no puede presentar una acción colectiva como institución, aunque sí pueden hacerlo sus socios a título individual. Por lo tanto, evaluarán presentar este escrito a la Corte para fijar posición en materia tarifaria. Los directivos de la central industrial también resolvieron participar de la audiencia convocada por el Gobierno para discutir el precio y la tarifa del gas, que cambió de fecha y ahora será el 16 de septiembre. Según señaló en el comunicado, el "objetivo será fijar posición respecto al efecto del cuadro tarifario en el área energética, particularmente en las pymes industriales". Serán invitados todos los socios sectoriales y regionales que integran la entidad. La UIA había anunciado que unas 8000 pymes se encontraban afectadas por el tarifazo, con mayor impacto en las electrointensivas y gas dependientes. Y si bien el tope del 500% para los comercios y pequeñas empresas les llevó algo de alivio, en muchos casos ese incremento también resulta difícil de pagar. Más aún en el actual contexto de caída de actividad económica. "En la audiencia diremos que estamos de acuerdo con que se regularice el cuadro tarifario, pero teniendo las consideraciones pertinente; no se puede hacer desmedidamente", afirmó el vocal de la entidad, José Urtubey. Además, señaló que "es una oportunidad para el Ejecutivo para escuchar a los distintos sectores y no repetir los errores del pasado". En el parte de prensa, la UIA también enfatizó que está convencida de que "el diálogo permanente con el sector público es la mejor manera de lograr consensos y el camino indicado para el desarrollo industrial, que deriva en más y mejor empleo". Además, reiteró el compromiso de colaborar en el diseño de una política energética que brinde previsibilidad y precios competitivos para generar el marco adecuado de inversiones que favorezcan la producción industrial. A su vez, desde la Confederación General Empresaria de la Argentina (Cgera) finalmente resolvieron presentar un recurso colectivo ante la justicia, que todavía está en estudio por los abogados de la entidad. Lo mismo ocurre en la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came).