Tras arduas negociaciones que obligaron a postergar en dos oportunidades la reunión de las comisiones de Presupuesto y Previsión Social en Diputados ayer, el oficialismo consiguió finalmente dictamen al megaproyecto del Ejecutivo para pagar juicios a jubilados y abrir un nuevo blanqueo de capitales, entre otros puntos. Para lograrlo, debió hacer cambios importantes a la iniciativa a pedido del Frente Renovador y del bloque Justicialista, y el proyecto ya no contempla la eliminación del impuesto a la renta financiera y el de Bienes Personales. A cambio, consiguió cierta flexibilidad para desprenderse de los activos de la ANSeS y un nuevo incentivo para invertir fondos blanqueados en bonos. La novedad de mayor impacto es que el acuerdo entre los bloques establece una exención del Impuesto a las Ganancias por única vez para el medio aguinaldo de junio, que beneficiará a quienes no tengan deudas con el Estado en los últimos dos años y tengan un patrimonio inferior a los $ 800.000. Este plus salarial se paga el 30 de junio de cada año, con lo cual funcionará como un incentivo para apurar la aprobación de la ley. Las penalidades previstas para quienes blanqueen, en cambio, no fueron modificadas, a pesar de la insistencia del FR. Sólo tendrán costo cero las declaraciones de hasta $ 305.000, mientras que hasta $ 800.000 pagarán el 5% y luego, el 10%. Un cambio relevante en este aspecto fue el incentivo a comprar un bono en dólares a 7 años, que ayudará a reducir el costo del blanqueo. El texto ahora menciona que solo será necesario retener el título 4 años, abriendo la posibilidad de transferirlo en los últimos tres. Le agrega un interés de 1% anual (antes era cero) y habilita a quienes lo compren de manera originaria a exceptuar del impuesto especial un monto equivalente a tres veces el monto suscripto. El interbloque oficialista trabajó principalmente con las bancadas del Frente Renovador y el bloque Justicialista para alcanzar un consenso que le permita darle media sanción al proyecto el miércoles que viene. Nicolás Massot y Luciano Laspina, por el PRO, negociaron durante los tres últimos días con Diego Bossio y Marco Lavagna. Producto de esas conversaciones, la declaración de la emergencia previsional quedó acotada tres años solo a los fines del proyecto. "La emergencia en general atenta contra el patrimonio de la ANSeS. No es necesaria", enfatizó Bossio ayer. Lo respaldaron Lavagna y el ex ministro de economía y diputado del PJ-Frente para la Victoria (PJ-FpV), Axel Kicillof. En cambio, gracias al auxilio del Frente Renovador, el oficialismo consiguió sostener en el proyecto la posibilidad de que la ANSeS venda las acciones de empresas en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Tanto Bossio como Kicillof se pronunciaron completamente en contra de ese artículo; mientras que el massismo ofreció una posibilidad intermedia. "Las acciones son uno de los activos centrales para asegurar la sustentabilidad del sistema. Pero también entendemos que es necesaria cierta flexibilidad", definió Lavagna. Por eso, el proyecto establece que el FGS deberá mantener en acciones "un monto mínimo de 7%" de sus activos. Para desprenderse de ellos requerirá autorización expresa del Parlamento, excepto cuando haya una Oferta Pública de Adquisición (OPA) a todos los tenedores, y cuando se produzcan "canjes de acciones por otras de la misma sociedad o de otra en el marco de procesos de fusión, escisión o reorganización societaria". Kicillof criticó duramente esa propuesta. "Me parece que es un pedido con nombre y apellido", dijo en referencia al titular de Techint, Paolo Rocca, que según la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, insistió durante los últimos años en recomprar las acciones de su empresa. Además, del blanqueo fueron excluidos jueces, legisladores y gobernadores; mientras que los periodistas fueron taxativamente salvados del artículo 85, que los penaba con prisión y multas si difundían detalles del ingreso de capitales no declarados al sistema.