El bloque oficialista en la Cámara de Diputados negociaba anoche con la oposición varios cambios de relevancia al mega proyecto del Poder Ejecutivo para pagar juicios a jubilados, establecer una pensión universal a los mayores de 65 y habilitar un nuevo blanqueo de capitales, entre otros temas. Las penas e incentivos para quienes ingresen fondos al sistema, las inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), y los métodos de cálculo para pagar las sentencias previsionales eran parte de ese análisis, que el macrismo extenderá hasta el jueves. A pedido del Frente Renovador, Cambiemos evaluaba suavizar la escala de penalidades del blanqueo que, según la redacción original del Poder Ejecutivo, grava con un 10% de los fondos (15% si es a partir del año que viene) a quienes ingresen al sistema desde $ 800 mil en adelante. Para el massismo, penar de igual manera a quien declare $ 800 mil o a quien blanquee diez millones es un punto a retocar, y el oficialismo analizaba atender a ese pedido. Por otra parte, uno de los puntos más cuestionados durante el debate de ayer en las comisiones de Presupuesto y Previsión Social fueron las penas de prisión y multas que prevé el artículo 85 del proyecto para cualquiera que revele detalles del blanqueo. Desde el PJ-Frente para la Victoria (PJ-FpV) hasta el Frente de Izquierda, pasando por el GEN, todos pidieron modificarlo. "Penalizar la divulgación de información es un pésimo indicador. Debe ser eliminado del proyecto", reclamó Margarita Stolbizer. El oficialismo evaluaba cómo morigerarlo. El punto que sí cambiará es el que excluye a funcionarios de la administración pública. Por reclamo de la oposición pero también de referentes oficialistas como la diputada Elisa Carrió, esa exclusión se ampliará a los tres poderes del Estado nacional y estaban en evaluación otros niveles. Al respecto, el PJ-FpV pedirá prohibir participar del blanqueo a los tres poderes del Estado, en los tres niveles de gobierno, y a los parientes de los funcionarios. Incluso, estaba dispuesto a evaluar el alcance a los contratistas del Estado, como pidió Carrió. Además, sobre el particular, el ex ministro de Economía y diputado del PJ-FpV, Axel Kicillof, reclamó que también se obligue a la repatriación de los bienes. "Si no, alguien que tiene una propiedad en Miami la blanquea, paga el 5% y después le sacan Bienes Personales y no paga nunca más un impuesto", detalló en referencia a otro de los puntos con observaciones del proyecto: la eliminación progresiva del Impuesto a los Bienes Personales, con supresión definitiva a partir de 2019. El PJ-FpV es uno de los bloques que no acuerda con la desaparición de ese tributo. Este y otros temas eran analizados anoche por el jefe del bloque del PRO, Nicolás Massot; el titular de la comisión de Presupuesto, Luciano Laspina; y funcionarios del Ejecutivo; que se enfocaron particularmente en el artículo que habilita la venta de acciones de empresas privadas en manos de la Anses. Es otro de los puntos controvertidos de la iniciativa, dado que toda la oposición lo rechazó, y el oficialismo evaluaba cómo mantenerlo, introduciendo algún tipo de instancia previa a una eventual venta. También, en la misma línea, habría cambios a los topes de inversión que el proyecto fija para el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que se definirán el jueves, cuando el oficialismo buscará conseguir dictamen de mayoría para llevar el tema al recinto el miércoles 15.