En dos escritos, los fondos buitre NML, Aurelius Capital, Blue Angel y Olifant, líderes de la ofensiva judicial contra la Argentina, insistieron ante la Justicia de Estados Unidos en cobrar el 14 de abril el acuerdo firmado con el Gobierno a fines de febrero por US$ 4653 millones. Los fondos reconocieron que el Gobierno, que evalúa pedir una postergación, quizá no llegue a esa fecha. Por eso, y hasta tanto cobren, insistieron en preservar su principal herramienta legal: las medidas cautelares que impiden los pagos a los bonistas de los canjes de 2005 y 2010. "Queremos el pago para el 14 de abril, como la Argentina nos ha prometido, no más litigio", sentencia el escrito presentado anteayer por Aurelius ante la Corte. La puja judicial está ahora en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, que debe decidir qué hace con las cautelares. La Argentina, los fondos "buitres", los bonistas minoristas que aún no han acordado con el Gobierno, otros acreedores "me too" y hasta el gobierno de Estados Unidos han presentado escritos ante ese tribunal, que puede confirmar, rechazar o corregir la orden del juez Thomas Griesa, quien estableció una hoja de ruta para levantar definitivamente las medidas cautelares. El Gobierno preveía ir en busca del dinero para pagarles a los acreedores. Una vez concretados los pagos, las cautelares desaparecerían, los bonistas del canje podrían cobrar y la Argentina enterraría el default de una vez por todas. El Congreso condicionó el pago a una sentencia favorable de la Corte de Apelaciones sobre las cautelares, y esa sentencia -asumiendo que sea a favor del país-, no llegará al menos hasta el 13 de abril, cuando se realice una audiencia ante un panel de tres jueces del tribunal. Para peor, puede demorarse días o semanas.