El ministro de Energía, Juan José Aranguren, confirmó que a partir del 1° de enero el Gobierno avanzará con la quita parcial de subsidios a la luz y el gas, lo que impactará de manera directa en las tarifas de los sectores de mayores ingresos. Si bien no precisó los porcentajes, afirmó que se mantendrá una tarifa social para los sectores más vulnerables. "Nosotros estamos haciendo una revisión de las tarifas tanto de luz como de gas ustedes conocen cual es la situación de las finanzas públicas. Aquel que esté en condiciones de hacer frente a una tarifa más alta por el servicio que está recibiendo se vera alcanzado por esta medida", explicó Aranguren. Dijo que están cruzados datos de las bases de la Anses y la AFIP "para ver quiénes son aquellos que necesitan mantener los subsidios para evitar un impacto mayor dentro de las tarifas que son de consumo familiar". Asimismo, abrirán "un registro para aquellos casos donde nos podamos confundir o equivocar, para que después puedan ser identificados e incorporarse de acuerdo a su necesidad". Al ser consultado sobre los porcentajes de los aumentos, Aranguren se mostró cauteloso. "Sería poco profesional de mi parte decir de qué magnitud será el aumento porque es distinto dependiendo del consumo de cada usuario, no voy a ser definiciones sobre eso", aseveró al respecto. Para Aranguren, el actual sistema tarifario "es un tanto discriminatorio y no es lo federal que tendría que ser". En ese sentido, sostuvo que el kirchnerismo "estuvo privilegiando a los consumidores de la Capital y el Gran Buenos Aires". Al parecer, el ministro implementaría una metodología de baja de los subsidios en función de diversos parámetros, como el poder adquisitivo del grupo familiar; capacidad contributiva al fisco y el nivel de consumo energético del grupo habitacional. Explicó que "los hogares de menores recursos van a tener un block de consumo de 150 kilowatts por hora por mes gratuito". Aranguren dijo además que el objetivo central de su gestión será lograr la "seguridad energética". Dijo que buscarán reducir el impacto de la importaciones de energía en la balanza comercial y generar las condiciones de estabilidad que permitan atraer inversiones.