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Tres días después de las elecciones, abogados de Argentina y de los buitres vuelven a verse en Nueva York. Griesa resuelve si más acreedores tienen derecho a cobrar. La audiencia fue fijada luego de que el magistrado le reconoció derechos a 15 nuevos acreedores, con lo que el total suma unos 60 ‘me too’, que elevaron la cifra de la deuda argentina por todos los fallos judiciales a unos u$s 10.000 millones, incluyendo intereses. Para el juez, el país no presentó argumentos convincentes de porqué este grupo de bonistas no debe ser reconocido e incluido en la sentencia a favor de los fondos buitre. "Argentina presentó los mismos argumentos a los que dio previo a la orden del 5 de junio (cuando Griesa había reconocido derechos a 36 ‘me too‘), y la Corte los rechaza", escribió Griesa el jueves pasado, al aceptar el reclamo de los 15 nuevos tenedores, como Procella Holdings; Honero Fund; Yellow Crane Holdings y Ercolani, entre otros. Los letrados de Cleary Gottlieb sostuvieron –en una presentación realizada en septiembre– que el reclamo de los demandantes, encabezado por el fondo buitre NML, agrava la situación y reiteraron la imposibilidad de hacer frente a esas cifras, ya que Argentina debe destinar la utilización de sus reservas para propósitos que hacen a la macroeconomía del país. En la audiencia de hoy, el magistrado escuchará a los ‘me too‘ y comenzará entonces a definir su destino dentro del litigio en los tribunales estadounidenses con los holdouts, así como el monto al que ascendería la deuda total en caso de decidir extender su orden judicial sobre la causa pari passu. Griesa fijó la audiencia tres días después de las elecciones presidenciales en la Argentina y la realización del ballottage impregna de incertidumbre el resultado, dado que es una incógnita la decisión sobre estas sentencias judiciales que tomará el Presidente que asuma el 10 de diciembre. Anoche era una incógnita si durante la audiencia se discutirá una propuesta de pago en cuotas realizada por el fondo liderado por Paul Singer, que tiene la sentencia original a favor por u$s 1330 millones. Esa iniciativa surgió luego de que la Argentina a través de sus abogados, rechazó el pago completo de la sentencia original más los ‘me too’ incorporados, porque desembolsar u$s 10.000 millones vaciaría las arcas del Banco Central. El calendario de audiencias continuará este viernes, cuando la Argentina deba presentar nuevos argumentos para justificar la demora en la entrega de información sobre activos embargables del país, en el marco de la denominada causa discovery.

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