El Gobierno puso en marcha ayer lo que parece ser la nueva etapa de su plan para intentar llegar al cambio de mandato sin dejar totalmente a la vista que el atraso cambiario que alentó adquirió una magnitud tal que dejó al Banco Central (BCRA) sin reservas. La entidad que conduce Alejandro Vanoli racionó intempestivamente a la mitad la entrega automática de dólares a empresas importadoras (de US$ 150.000 a 75.000). Según La Nación, además elevó en 300 puntos básicos las tasas por colocaciones en pesos para desalentar los traspasos a dólar de ahorristas e inversores institucionales. Esto obligará a los bancos a pagar desde el lunes tasas que parten del 26,32% (para plazos más cortos) y llegan al 29,1% (para los que llegan o superan los 180 días), en lo que implica una transferencia del orden de los $ 300 millones por mes, sólo para que acepten asistir al cambio de Gobierno sin escaparle al peso. Paralelamente, la Superintendencia de Seguros promulgó un esquema que obliga a las compañías del sector a vender -en menos de un mes- el 75% de los bonos en dólares que mantengan en sus carteras de inversión (como hizo antes la CNV con los Fondos Comunes de Inversión). Es un nuevo intento de evitar que los precios del dólar que se pactan en la Bolsa terminen empujando más arriba el billete en el mercado paralelo y aun a riesgo de dejarlas expuestas a un perjuicio patrimonial que ponga en peligro el eventual pago de las coberturas ya concedidas a los asegurados. El plan, que da nuevo significado a aquella frase de "vamos por todo" tan repetida en arengas oficiales, deja a la vista que la crisis de reservas es más profunda de lo que se admite. Pero la carencia en este sentido llegó a un nivel tal que las medidas dispuestas ayer, apenas 48 horas después de las elecciones, ni siquiera alcanzan para asegurar que esta nueva dosificación -combinada con incentivos para mantenerse en pesos- dejen el camino despejado al propósito de mantener entre bambalinas esa crisis, coinciden en el mercado. En especial porque se trata de medidas que, al contraponerse fácticamente con las afirmaciones oficiales sobre un nivel de reservas adecuado, no hacen más que incrementar la desconfianza. Así se transforman en un incentivo adicional para que quienes tuvieran pendiente la liquidación de dólares (por ventas al exterior concretadas en los últimos meses) las demoren todo lo legalmente posible a sabiendas de que la nueva administración deberá redefinir el valor del tipo de cambio por la vía nominal (con una devaluación tradicional) o la impositiva (es decir, mejorándolo efectivamente al reducir o quitar retenciones). O ambas a la vez. En todos los casos eso implica que, demorando la venta de billetes, podrá obtenerse un pago en pesos superior al actual. Esa situación, ya vigente, es la que obligó en los últimos 90 días al BCRA a ubicarse a diario casi en soledad del lado vendedor en el mostrador de la plaza cambiaria local, provocando una sangría de US$ 6000 millones en sus reservas netas. Incluso ayer, y pese a haber podado a 75.000 dólares por empresa y día el cupo para girar automáticamente por pago de importaciones (lo que llevó a la Cámara de Importadores a denunciar que están "al borde del default comercial") debió volcar al mercado otros US$ 90 millones.