La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) salió a la caza de los compradores de bonos. En efecto, la semana pasada los que adquirieron títulos están recibiendo cartas del fisco por presuntas inconsistencias. Fuentes oficiales señalaron a La Nación que el fisco se vale exclusivamente de los montos que informa la sociedad de Bolsa o banco a través de la cual se canalizaron las operaciones de los inversores, por lo que lanzó 10.000 intimaciones. "Si informó mal, cuando el contribuyente conteste se cotejará la información cruzada para ver caso por caso", aclararon. Sin embargo, lo más llamativo es que el ente recaudador sobrevaloró además las tenencias de títulos de los particulares y empresas. Ocurre que los valores se expresan cada 100 unidades. Es decir, que si el papel cotiza a $800, quien compre 1.000 títulos pagará en total 8.000 pesos. No obstante, para el organismo de recaudación, el valor es 100 veces más alto. Esto es así porque el fisco entiende que quien compró 1.000 bonos, realizó una operación por 800.000 pesos. En una sociedad de Bolsa explicaron que el año pasado varios compradores de bonos ya habían sufrido que la AFIP los invalidara para operar dándoles de baja el CUIT o CUIL por el mismo motivo. En ese momento, las sociedades de Bolsa reconocieron que sus sistemas le estaban enviando al organismo de recaudación los montos de las compras en enteros, en lugar de decimales, lo que daba lugar al error de cálculo por parte del ente recaudador. Sin embargo, ya entonces se hicieron las presentaciones rectificativas, por lo que ahora llama la atención que el fisco nacional vuelva a reclamar por inconsistencias de 2014. "La fiscalización electrónica toma información directo del sistema. Es imposible estar tomando información vieja, si la sociedad de Bolsa rectificó, se están tomando los valores que informa la sociedad. Eso nunca puede estar mal", aseveraron, por su parte, las fuentes oficiales. Según detallaron, las fiscalizaciones electrónicas se hicieron hace meses. Pero, admitieron, las cartas suelen llegar a los contribuyentes con demoras. Cada fiscalización contempla al menos a unos 10.000 contribuyentes.