El trabajo, que lleva como título "El Rol del Estado y el buen gobierno Republicano", tuvo su origen en la ronda de consultas que durante un año mantuvo el Foro de Convergencia Empresarial (FCE) con distintos dirigentes políticos y surgió a instancias de algunas observaciones formuladas por dicha dirigencia para que los empresarios fijaran su posición acerca del Rol del Estado. El documento se inscribe en los compromisos formulados por el FCE en la reunión del 27 de noviembre último ante 900 asistentes, oportunidad en que se anunció la posibilidad de generar inversiones adicionales en 10 años por 250.000 a 500.000 millones de dólares y crear 3 millones de nuevos puestos de trabajo a partir del potencial que ofrecen los distintos sectores de la economía y de las condiciones institucionales, económicas y sociales adecuadas que se requieren. "Es necesario que haya un debate serio y profundo sobre el rol del Estado y por tal motivo promovemos y queremos participar en ese debate a partir de un documento que tiene el consenso y apoyo de importantes organizaciones de la sociedad civil", afirmó Miguel Blanco, coordinador del FCE al presentarlo. El texto enfatiza en su primera parte que "Estado y Gobierno no son sinónimos" y advierte que "la ciudadanía no debe permitir que los gobiernos - sean nacional, provinciales y municipales- se apropien del Estado". En conferencia de prensa con editores de diarios, agencias de noticias y portales, entre los que participó Infobae, algunos de los representantes del FCE como Miguel Blanco (Coordinador); Claudio Cesario (ABA); Jaime Campos (AEA); Guillermo Lipera (IDEA); Adolfo Ablático y Orlando Ferreres (ACDE); Luis Miguel Etchevehere (SRA); Fernando Frávega y Máximo Fonrouge (Colegio de Abogados), resaltaron sus inquietudes por la recurrente preocupación y ocupación de la dirigencia política por la coyuntura y el consecuente abandono por el desarrollo de mediano y largo plazo del país. De allí que el documento persigue el objetivo de reflejar el pensamiento empresario y sus propuestas básicas para tender a un país que pueda pasar al estadio de desarrollo y donde "no exista más gente con hambre cuando se producen por año alimentos para abastecer a 11 Argentinas". Al ahondar en la necesidad que tiene la sociedad de que se garantice la calidad institucional de la Nación, el documento resalta "que el Estado tiene el rol fundamental de respetar la forma representativa republicana federal de gobierno, resguardar la seguridad de los habitantes, su libertad y sus bienes e impedir abusos que afecten al bien común". Tras reclamar la modificación de las leyes de Abastecimiento (N° 20.680 y 26.991) y de Mercado de Capitales (art. 20), recuerda el documento que el Estado debe garantizar el derecho de propiedad como una forma de incentivar las inversiones productivas. Esto último, agrega, no excluye la aplicación de normas que regulen la defensa de la competencia. Por otra parte, plantea la necesidad de que exista un sistema que permita que los precios de bienes y servicios se construyan sin injerencias arbitrarias del gobierno como un modo de alcanzar el uso más eficiente posible de los recursos productivos y económicos de la Argentina. "La actuación de quienes ejercen los poderes debe circunscribirse al respeto irrestricto del orden jurídico y de las instituciones, en detrimento de la arbitrariedad", indica. En los planos económico y social, reclama una reforma tributaria y fiscal de carácter progresivo a nivel nacional, provincial y municipal que elimine impuestos distorsivos que restringen la producción y comercialización nacional e internacional e bienes y servicios. El presidente de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) Jaime Campos destacó que "el empresariado aboga por un Estado eficaz, como exigencia para el desarrollo económico y social. Hoy lo hace ineficazmente y en muchos casos está ausente". Por otro lado, demanda políticas de "fortalecimiento y capacitación" que garanticen la independencia del Poder Judicial, afiancen el Consejo de la Magistratura y den independencia al Ministerio Público". Asimismo, el documento se pronuncia por una mejora de la calidad educativa según estándares internacionales y que garantice una sólida formación cívica. Reclama la evaluación sistemática y periódica del funcionamiento del sistema educativo, la capacitación y las prácticas docentes. "Es clave promover una fuerte vinculación entre educación y actividad productiva", observa. En otro orden de cosas, propone impulsar el primer empleo formal y el arraigo de los jóvenes en todo el país, como formas de erradicar la pobreza y la exclusión; y definir una política nacional de vivienda, provisión de agua potable y construcción de cloacas. Claudio Cesario, presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), resaltó que "una de las conclusiones que surgen del documento que demandó más de tres meses de elaboración con la participación de abogados, contadores y académicos, es que quien gobierna no puede hacer lo que quiere, sino respetar la legalidad institucional".