El magistrado de Nueva York emitiría sentencia en abril. Foto: Archivo La factura por la decisión del gobierno de Cristina Kirchner de "no negociar con los fondos buitre" que ganaron su litigio al país podría multiplicarse en las próximas semanas y elevarse de los 1400 millones de dólares que actualmente comprende el fallo a -posiblemente- una cifra superior a los 6000 millones. Ése es uno de los escenarios -y no el menos probable- que se desprenden de la decisión adoptada ayer por el juez Thomas Griesa. El magistrado convocó a todos los llamados "me too" a que presenten documentación para consolidarla y, probablemente, emitir sentencia durante abril. Sin embargo, para el Ministerio de Economía de la Argentina, se trata de "un paso formal", según indicaron en Buenos Aires fuentes de la cartera. El término "me too" refiere a los acreedores de la Argentina que no judicializaron su caso a la espera de ver qué sucedía con la causa "de fondo" promovida por NML y Aurelius Capital y que, al ver el fallo firme y favorable que obtuvieron, pretenden ahora igual tratamiento ante la justicia neoyorquina. En noviembre pasado, fuentes del Gobierno admitían que los fondos en esa condición podrían llegar a los 6500 millones de dólares, mientras que entre quienes en esta ciudad y en Nueva York siguen el litigio se habla de cifras incluso mayores. Todo depende de la cantidad de litigantes que efectivamente se presenten en tiempo y forma ante la justicia para concretar su pedido de "igual tratamiento" y, sobre todo, de la respuesta que finalmente les otorgue el juez. "Puede ser un efecto dominó realmente importante", aventuraba ayer un abogado cercano a la causa. Lo que sí queda claro es que el escenario de la deuda argentina y de las consecuencias del fallo de junio pasado se vuelve cada vez más complejo. Buena parte de los me too ya hicieron presentaciones ante la justicia neoyorquina en las que pidieron el mismo tratamiento que se les dio a los llamados "buitres". Desde junio pasado, mes en que el fallo de NML fue ratificado y dejado firme por la Corte Suprema de este país, se agregaron otros 25 pedidos en igual dirección. La catarata de presentaciones llevó ya a que los abogados de la Argentina plantearan que esa situación es "impagable", según anticipó en noviembre pasado Carmine Boccuzzi, del estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton. En una carta que remitió al juez Griesa, el abogado anticipó una posición de rechazo ante esa posibilidad. "No puede haber una base equitativa para tratar de obligar al país -cuyas reservas son limitadas y deben ser usadas para propósitos macroeconómicos cruciales- a hacer algo imposible al pagar el total de la deuda de los holdouts, mucha de la cual fue adquirida con un profundo descuento", escribió Boccuzzi. El abogado escribió esas líneas cuando comenzaron a arreciar los pedidos de holdouts para que el juez Griesa les aplique la misma fórmula que a los llamados "buitres". Por entonces, el letrado asesor de la Argentina anticipaba, por las dudas, su opinión de que el juez no podría, de todos modos, acceder a un pedido de esa naturaleza. Lo hizo al poner en duda que "todos los demandantes" puedan acceder a los beneficios del mandato judicial que, por la llamada la cláusula pari passu, el juez dictó para los promotores del litigio. Ésa fue la opinión de Boccuzzi. El juez Griesa promete la suya para las próximas semanas. En su momento, los fondos buitre anticiparon que los me too podrían presentar mociones separadas para sus reclamos. Por un lado, los que tienen sentencia firme, y por el otro, los que aún no llegaron a esa instancia.